Otro de derechos de emisión de gases de efecto

Otro de los factores que podrían alegarse se refiere a la
implementación de los derechos de emisión: Sería conveniente ver de en qué modo
y magnitud afectarán estos derechos a la producción de vapor. 

(i)           
Definición y contexto

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

El comercio de derechos de emisión1
es una herramienta administrativa utilizada para el control de emisiones de
gases de efecto invernadero que son consecuencia de una actividad de carácter
empresarial. Según este sistema, el Gobierno establece un límite sobre la
cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos por una compañía. Las
empresas están obligadas a gestionar un número de bonos que representan el
derecho a emitir una cantidad determinada de residuos.

 

Años después del Protocolo de Kioto en la Convención Marco
de la ONU sobre el cambio climático de 1998 la Comisión Europea desarrolló un régimen europeo de
comercio de derechos de emisión. Este régimen se plasmaba con la aprobación de
la Directiva 2003/87/CE2
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la CE y por
la que se modifica la directiva 96/61CE (Bibliografia). Al texto consolidado, se le ha ido
añadiendo normativa3, la
última de ellas corresponde a la Directiva 2015/18144.

 

Con la aprobación de esta Directiva comenzó a funcionar el
régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2. Desde
el 1 de enero de 2005 toda instalación que llevase a cabo alguna de las
actividades enumeradas en el I de la Directiva 2003/87 debía cubrir sus
emisiones de gases de efecto invernadero con derechos de emisión que son
negociables. La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establece
en su artículo 17 que la metodología de asignación gratuita transitoria será
determinada por las normas armonizadas que se adopten a nivel comunitario.

 

El primer Plan Nacional de Asignación (“PNA”) de derechos de
emisión no fue aprobado en España hasta el 6 de septiembre de 2004 (Real
Decreto 1866/20045) .
Entre los años 2005 y la mayor parte de derechos de emisión fueron entregados
de forma gratuita a los agentes. En concreto para el sector eléctrico, el PNA
de derechos de emisión 2005-2007 dispuso la asignación gratuita de
aproximadamente el 92% de los derechos que se estimaba a priori que el sector
necesitaría durante dicho periodo.

 

Para el período 2008-2012, el PNA aprobado en noviembre de
2006 otorgó de forma gratuita a las instalaciones de generación del sector
eléctrico un porcentaje inferior, un 70%, dado que el Gobierno español optó por
imponer a este sector todo el esfuerzo de reducción de emisiones al que se
había comprometido6.

 

En particular, el PNA 2008-2012 concedió al sector
industrial la totalidad de los derechos que precisaba según las estimaciones de
funcionamiento, y dejó al sector eléctrico la cantidad remanente (Sección 5.B
Real decreto 1370/20067).
En consecuencia, la asignación gratuita de derechos de emisión al sector
eléctrico en el periodo 2008-2012 cubrió alrededor del 70% de las emisiones
previstas del sector.

Desde
el año 2013 no se han vuelto a asignar derechos de emisión gratuitos al sector
eléctrico.

 

LAUDO

 

Estas asignaciones de derechos tienen una especial
incidencia en el coste de
producción del vapor. Así, el PNA de 2005-2007 asignó derechos de
emisión gratuitos a la CTCC, tanto por su producción de electricidad, como por
la cogeneración. Sin embargo, el PNA 2008-20128
únicamente asignó derechos gratuitos de emisión por su actividad eléctrica, pero no por su actividad de
producción de vapor CHECK
–ni en el ciclo combinado mediante cogeneración, ni con las calderas
auxiliares–. Así pues, NLO
ha tenido que hacer frente al coste ocasionado por las emisiones de CO2
derivadas de la producción de vapor. Desde el año 2013 ya no se asignan
derechos gratuitos para la actividad de producción de electricidad.

 

(ii)          
Aplicabilidad

Aunque entendemos que puede haber discrepancias, tiene
más sentido analizar la circunstancia alegada como un todo unitario ya que el régimen legal es aplicable
a la planta y no diferencia entre un régimen a energía y a vapor. Así lo hacía
la ley 1/2005 de 9 de marzo y lo hace la vigente, 13/2010 de 5 de julio que
considera el derecho de emisión como “un
derecho subjetivo atribuible a instalaciones ubicadas en territorio español,
sin diferenciar entre instalaciones productoras de energía eléctrica o de otro
tipo de producto” en su artículo 20.

 

Lógicamente el Contrato –firmado en 2001- no
contemplaba el coste de los derechos de emisión que empezaron a aplicarse en el
año 2005. La obligación del pago de
estos derechos (cuyo régimen fue regulado, en un primer momento, por la ley
1/2005 de 9 de marzo, de comercio de derechos de emisión de gases Efecto
Invernadero) también podría considerarse como una condición económica general que
puede dar lugar a una revisión del precio del vapor.

En la distribución de riesgos prevista en el
Contrato, se atiende a lo dispuesto según la ley.

En
relación con la gratuidad de los derechos de emisión, no parece albergar dudas
sobre el hecho de que éstos gozaban de tal carácter. Sin embargo, el hecho
de que fuesen gratuitos no era desconocido para los operadores eléctricos que
reclamaron ante el Tribunal Supremo (“TS”)
la normativa estatal española sobre minoración de la retribución de la
actividad de energía eléctrica.

El TS planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (“TJUE”) una cuestión
prejudicial9
para solicitar la guía sobre la forma en la que debía ser interpretado el
articulo 10 de la Directiva 2003/87/CE y si los estados miembros tenían la
posibilidad de dictar normas tendentes a minorar los costos de producción en la
misma cantidad que la que se debía entender percibida por los operadores como
consecuencia de la asignación gratuita de los derechos de emisión (que es la
medida que había tomado el Gobierno español mediante el RD-ley 3/2006).

El TJUE en su sentencia de 17 de octubre de 201310
declara que los estados miembros pueden dictar medidas legislativas cuyo efecto
sea la minoración de la retribución de la actividad de producción de energía
eléctrica. *

Los operadores eléctricos conocían el hecho desde que se
implantó y aunque es un cambio de condición que puede afectar al precio de
costo de producción de valor, ponemos en duda que se trate, “a fecha de hoy·,
una condición sobrevenida. Surgen muchas dudas de que NLO pudiera reclamar el
pago de unos derechos de emisión –cabría también atender a la cantidad- que le
fueron hipotéticamente concedidos de forma gratuita y que no han provocado
ningún coste.

Meter cosas
del doc de Elcano

1 Definición extraída de fuentes telemáticas del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.